Por Joan Francesc Peris, Portavoz de Los Verdes
Estos días, ha surgido un debate en Gandia alrededor del concurso público que ha convocado el Ayuntamiento de Gandia para la contratación del servicio de recogida de animales en el municipio. Se ha centrado la discusión entre el concejal del área responsable y la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente de la Safor (SPAMA Safor) en la posibilidad o no de sacrificar los animales abandonados recogidos con el nuevo pliego. Antes de entrar en este aspecto concreto, que no es baladí ni mucho menos, quiero cuestionar el hecho mismo de sacar a concurso público la recogida de animales en Gandia. No lo comparto. Ni tan siquiera si se quisiera justificar por un ahorro en el coste económico del servicio que, hasta ahora y creo que sin queja alguna, ha venido prestando la Protectora desde hace muchos años a través de convenios con el Ayuntamiento de Gandia, en el marco de la Ley 4/94 de Protección de los Animales de Compañía, una de las últimas leyes progresistas que aprobó la Generalitat Valenciana socialista del Presidente Lerma. Por aquello de la tan cacareada transparencia en la política, lo primero que debería haber hecho el gobierno municipal es justificar ante la ciudadanía el cambio de método de contratación de este servicio si es que tienen que hacer alguna o muchas críticas a la Protectora por los servicios prestados desde hace tanto tiempo. Porque, si no estoy en un error, creo que sigue vigente el artículo 18 de la Ley 4/1994, de 8 de julio, sobre protección de los animales de compañía que dice: “Para la recogida y retención de los animales abandonados y gestión de las adopciones, los ayuntamientos dispondrán de personal capacitado y de instalaciones adecuadas. En la prestación de este servicio, los ayuntamientos, sin perjuicio de su responsabilidad en el cumplimiento de la normativa aplicable, podrán concertar la ejecución con entidades externas, dando prioridad a las asociaciones de protección y defensa de los animales legalmente constituidas que lo soliciten. El destino de los animales recogidos sólo podrá ser una instalación inscrita en el registro oficial de núcleos zoológicos como centro de acogida de animales ya sea de titularidad municipal o privada”.
Es decir, que el Ayuntamiento de Gandia podría haber seguido prestando el servicio de recogida y retención de animales, y véase que está en el marco de una ley protectora, a través de un convenio con SPAMA Safor, o bien, si se quiere acoger a un nuevo modelo contractual, dar prioridad a la Protectora en el pliego del concurso. Esto no se ha hecho. Al contrario, se ha sacado un pliego al uso, con unos requisitos, algunos innecesarios que llegan a rozar el absurdo, que la Protectora no podía cumplir. ¿Cuánto se pretende ahorrar con la participación de empresas? ¿30, 40 o 50.000 euros? ¿Con el riesgo seguro que se corre de que esas empresas, de otro lado, que yo sepa inexistentes en Gandia y comarca, intenten aumentar sus beneficios, como es obligación de todo buen empresario, con una gestión más barata del producto que tratan? El problema es que, aquí, lo que se trata no es de recogida de residuos sólidos, ni de aguas sucias, se trata de recogida de seres vivos, casi siempre perros y gatos, con sus sentimientos y sus derechos de animales de compañía. Si se tiene de verdad una clara conciencia animalista, si la prioridad es proteger a los animales y conseguir que los vuelvan a adoptar y si de verdad se tiene voluntad política, seguro que se encontraría de dónde sacar el dinero para la Protectora. La vida de un animal de compañía perdido o abandonado no debe depender del interés por ganar dinero. Sólo faltaba que al final del concurso, si se le adjudica a una empresa, nos cueste lo mismo o más que recibía la Protectora.
